Opinión | ¿Vamos hacia el fin de la seguridad eléctrica y los derechos del consumidor?

Por Ing. Alberto Pérez

Exgerente técnico de Cambre y Atma
Autor del libro “Leyes y conceptos básicos, para lograr instalaciones eléctricas seguras” que se publica en capítulos en esta revista.

Hacia el principio del año 1980 era muy poco lo que se conocía en el país sobre los “riesgos del uso de la electricidad”. El primer hecho en dichos conocimientos los dio el Ing. Bilgemeir, quien en una conferencia dada en la Embajada de Austria nos ilustró de los ensayos y mediciones realizados en su laboratorio, donde él y sus colaboradores calzados con zapatos de cobre e instrumentos de precisión medían la corriente que hacían pasar por distintos caminos, mano-mano, mano-pie, pie-pie, y otras, con valores de miliamper (mA) y registros de tiempo, y las consecuencias sobre el funcionamiento del corazón.

En 1980, la empresa Atma comenzó a fabricar en la isla de Tierra del Fuego, el primer interruptor diferencial de 30 mA, y en las primeras Jornadas de Seguridad Eléctrica (1984), realizadas en la Secretaria de Comercio, la Comisión de Instalaciones Eléctricas de la AEA daba a conocer en el proyecto del nuevo reglamento la inclusión del interruptor diferencial como dispositivo que permitía proteger los riesgos del uso de la electricidad ante contactos indirectos, provocados por fallas de aislación de aparatos electrodomésticos, con el uso adecuado de una puesta a tierra de ellos y de los tomacorrientes de la instalación eléctrica.

El crecimiento de los conocimientos de la seguridad eléctrica fue continuo, y en el año 1985 se creó la primera Asociación de Seguridad Eléctrica (ASEL) con una revista para divulgación de los mismos, las cuales funcionaron en ACYEDE.
En ese año se creó en el IRAM, la marca de la seguridad eléctrica, y comenzó la fabricación de diferenciales y termomagnéticas con montaje DIN, por las empresas Siemens, Tubío, Schneider, lo cual facilitó la colocación de éstos en tableros principales y seccionales.

El avance de los conocimientos sobre la clase de aislación de los aparatos (electrodomésticos, eléctricos y electrónicos) permitió definir un tomacorriente apto para aparatos de clase 1 y clase 2.

A fines de la década de 1980 se fue delineando  que los aparatos mencionados comercializados en el país, fabricados en él o importados cumplan con las normas de seguridad IRAM o internacionales IEC. La reglamentación Nº 92/98 de la Secretaria de Industria y Comercio lo reglamenta y da un fuerte impulso para que los productos adquieran un grado de seguridad, garantizado por la certificación del mismo a través del sello de seguridad de la secretaria (S).

Esto motivó una mejora de:

1. Los sistemas de Calidad de las Empresas.
2. La creación de los laboratorios de certificación de productos.
3. Organismos de certificación.

Antes que esto ocurriera era muy diferente la calidad y seguridad de los productos importados, ya sea que vinieran de Europa, de EEUU o de China, este avance de la seguridad eléctrica a través de la resolución Nº 92/98 sirvió además para que laboratorios de certificación de productos se instalaran en China para garantizar lo que llegaba a Argentina.

A los que estuvimos vinculados a este tema nos preocupaba cerrarlo con la incorporación de estos avances a las instalaciones de inmuebles, en donde se producían los riesgos eléctricos, y para ello se creó a partir del ENRE un sistema de certificación de nuevas instalaciones que exigía:

• Cumplir con el reglamento de la AEA.
• Certificación de la seguridad de los productos.
• Idoneidad de los instaladores que hacían la instalación.

Esta certificación hecha por terceros a partir de 1995 fue creciendo, y a partir de un 10% del control presencial de las mismas, las fallas graves se fueron convirtiendo en leves. Este sistema, que lo llevaba a cabo APSE, contribuyó a que durante varios años las estadísticas de la superintendencia de Bomberos mostraran que sus constantes porcentajes del 35 al 38% bajaran considerablemente.

Hasta aquí un reseña de lo hecho en treinta años, hasta que el ENRE, motivado por una serie de juicios recibidos vinculados al sistema, decidió reducir los controles y su reglamentación hasta el tablero principal del inmueble, y dejar a los municipios como autoridad de aplicación, aprobación y control de las instalaciones internas.

Exposiciones de distribuidores de materiales eléctricos en el país muestran un marcado desinterés de los municipios por la seguridad eléctrica que se expone permanentemente en ellas.
La compra de productos con sello de seguridad es declinante.

Los conceptos de la seguridad eléctrica en los últimos treinta años han llegado a lugares tan distantes como Jujuy y Tierra del Fuego, y son conocidos por todos los que actúan en la especialidad y saben que su falta mata e incendia.

Llegamos a lo más importante, lo que nos diferencia de otras especies: nuestra conciencia, y es ella la que debe actuar cuando hacemos un presupuesto para ganar una obra eléctrica explicando cuánto vale la seguridad eléctrica.